El amparo adhesivo

Actualmente, la mayoría de las sentencias definitivas emitidas por las Juntas de Conciliación y Arbitraje son impugnadas por cualquiera de las partes, o por ambas, ante el Poder Judicial de la Federación en la vía de amparo, hecho que ha provocado que los juicios sean largos, violándose lo previsto en el artículo 17 constitucional que habla de la creación de tribunales que impartan una justicia expedita dentro de los términos y plazos que fijan las leyes.

Actualmente, el problema estriba en que en muchas ocasiones se conceden amparos para efectos otorgando a la autoridad señalada como responsable libertad de jurisdicción, lo que nos lleva a casos en donde se conceden cinco o seis amparos sin alcanzar una resolución definitiva.

Desgraciadamente, vemos que el juicio de amparo en México se encuentra rebasado por la realidad y se ha vuelto totalmente ineficaz para responder a las exigencias de justicia de los ciudadanos, ya que la promoción de amparos sucesivos, solamente genera dilación en los procedimientos, aumentando el número de asuntos en los órganos de justicia de cada una de las entidades, lo que genera una violación al artículo 17 constitucional que contiene el derecho a una justicia expedita.

En este breve artículo se pretende demostrar que la implementación del amparo adhesivo ha resultado un medio eficaz para que los órganos jurisdiccionales resuelvan en un solo juicio de amparo todas las violaciones procesales y de fondo planteadas por ambas partes, el quejoso y el adherente, dictando una sentencia definitiva, logrando así una mejor administración de justicia.

Los Tribunales Colegiados desde su creación en 1951 y con la reforma de 1988, tienen el control total de las cuestiones de legalidad, por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consciente de esta problemática que impide tener una justicia realmente expedita y efectiva, creó una comisión para que llevara a cabo la elaboración de un  proyecto de una nueva Ley de Amparo; dicha comisión, encabezada por el ministro Humberto Román Palacios, presentó un proyecto, el cual fue analizado por el Congreso de la Unión hacia el año 2001.

Una de las reformas más relevantes dentro de este proyecto era tratar de determinar la obligación que tiene la autoridad de amparo para decidir sobre las posibles violaciones, entrando al fondo del asunto, incluso con suplencia de la queja, para así, en caso de conceder el amparo, establecer los lineamientos finales con los cuales la autoridad responsable deberá dictar una resolución.

En caso de concederse el amparo y para que el tercero interesado pudiera ser oído, evitando así que quedase indefenso, surgió la figura que hoy nos ocupa, el amparo adhesivo. Los Diputados y Senadores estudiaron el tema; sin embargo, el proyecto no prosperó en la forma deseada, aunque el mismo constituye el antecedente inmediato a la implantación posterior de esta figura.

Por otra parte, podemos agregar que el origen del amparo adhesivo se encuentra en los recursos adhesivos comunes en los procedimientos ordinarios de carácter civil y mercantil, ya que en ellos se establece la figura de la apelación adhesiva, así como el recurso de revisión adhesiva, prevista en los procedimientos ordinarios de diversas entidades de nuestro país.

El objeto de tales disposiciones es agilizar los juicios evitando la presentación de apelaciones sucesivas, ya que la figura procesal permite que los juzgadores de amparo cuenten con una sentencia más completa, en donde se estudian tanto los argumentos del apelante inicial como los del apelante adhesivo; su finalidad es que quien obtuvo sentencia favorable en el juicio, pueda expresar agravios para reforzar los fundamentos de derecho y motivos fácticos de la decisión judicial, cuando su contraparte la impugne, los cuales deben dirigirse a los puntos tratados por el Juez del conocimiento a fin de mejorar sus consideraciones y tratar de que no prosperen los agravios del recurso de apelación principal. Es importante mencionar que la apelación adhesiva corre con la misma suerte de la apelación principal, es decir que si el apelante inicial se desistiere de su apelación, traería como consecuencia el desistimiento automático de la apelación adhesiva.

El artículo 17 de nuestra Constitución a la letra dice:

“Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial…”

Uno de los derechos esenciales de las personas es el de poder recurrir a un órgano judicial para que se le imparta justicia y es el estado quien debe establecer todos los mecanismos necesarios para ello, brindándole a los ciudadanos una tutela judicial efectiva.

Asimismo, este derecho que garantiza el acceso a una justicia efectiva está previsto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 10, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana de Derechos Humanos.

Como sabemos el juicio de amparo procede en dos vías, la indirecta y la directa.  El juicio de amparo directo o uni-instancial, cuya competencia corresponde a los Tribunales Colegiados de Circuito, tiene como finalidad examinar la constitucionalidad de las sentencias definitivas, laudos o resoluciones que le ponen fin al juicio, previa observancia, del principio de definitividad, donde además pueden hacerse valer violaciones procesales que hayan trascendido en el resultado del fallo combatido.

Ahora bien, como ya se mencionó, en la práctica, el juicio de amparo y en especial el directo, no es capaz de proporcionar al gobernado una impartición de justicia expedita, ya que provoca que la resolución de los asuntos se prolongue demasiado, lo anterior derivado de las sentencias para “efectos” que se dictan y los alcances que implican, hecho contrario a lo dispuesto por el artículo 17 constitucional.

Debido a la lentitud en la impartición de justicia, en 2011, el Congreso de la Unión finalmente consideró implementar el amparo adhesivo, reformando los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, introduciendo, entre otras, la figura del amparo adhesivo, a efecto de cumplir el derecho humano de la tutela judicial efectiva,  contenida en el artículo 17 de nuestra Carta Magna.

El amparo adhesivo se implementó en los siguientes términos:

“…Artículo 107.-Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:…

…III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes:…

…La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse…”

Los conceptos de violación en el amparo adhesivo deberán estar encaminados a fortalecer las consideraciones de la sentencia definitiva, laudo o resolución que pone fin al juicio, que resolvieron favorablemente a los intereses del adherente, o a impugnar las que concluyan en un punto decisorio que le perjudique (aunque no repercutieron en la conclusión del fallo, ya que le favoreció).

También vemos que  en el amparo principal como en el adhesivo, deben hacerse valer todas las violaciones procesales que se cometieron en el procedimiento de origen, siempre que puedan trascender al resultado del fallo y que respecto a ellas, el adherente hubiera agotado los medios de defensa ordinarios, a menos que se trate de menores, incapaces, ejidatarios, trabajadores, núcleos de población ejidal, o de quienes por su condición de pobreza o migración se encuentren en clara desventaja social para promover un juicio, y en materia penal tratándose del inculpado. Como resultado, el Tribunal Colegiado de Circuito tendrá la obligación de resolver toda la problemática planteada conjuntamente, es decir, se pretende que en un solo juicio queden resueltas todas las violaciones procesales, formales y de fondo, incluso las que advierta en suplencia de la deficiencia de la queja, en los supuestos en que ésta proceda.

El artículo 181 de la Ley de Amparo señala que si el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito no encuentra motivo de improcedencia o defecto en el escrito de demanda, o si este último fuera subsanado, la admitirá y mandará notificar a las partes el acuerdo relativo, para que en el plazo de 15 días presenten sus alegatos o promuevan amparo adhesivo, por lo que el plazo para la presentación del amparo adhesivo es de 15 días siguientes a la fecha en que se notifique la interposición y admisión del amparo.

Asimismo, es importante mencionar que la omisión de presentación del amparo adhesivo, implica la preclusión de quien obtuvo una sentencia favorable para alegar con posterioridad las violaciones procesales que se hayan cometido en su contra. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado las hizo valer de oficio en los quesos que procede la suplencia de la queja, no podrán se materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. Lo anterior, con la intención de que en un único juicio de amparo, el Tribunal Colegiado de Circuito pueda resolver todas las violaciones procesales alegadas tanto en el amparo directo principal y en el amparo adhesivo, así como las demás violaciones formales y de fondo que se presenten en el acto que se reclama, evitándose de esta forma la existencia  de otros procesos de amparo posteriores quedando, en consecuencia, resuelta la litis planteada en el juicio natural de una forma pronta y expedita.

Finalmente, cabe mencionar que como toda figura jurídica, el amparo adhesivo también ha sido motivo de polémica por parte de los estudiosos del tema; algunos consideran que con el amparo adhesivo se trastoca el principio rector del juicio de amparo, referente a que sólo podrá acudir a juicio quien resulte directamente afectado o perjudicado por el acto que se reclama; otros, alegan que esta figura pone en desventaja ante la ley al quejoso del juicio de amparo original, con el que promueve el amparo adhesivo, ya que mientras al primero se le exige que la violación procesal trascienda al dictado del fallo definitivo para que pueda ser estudiada en amparo directo, al que promueve el amparo adhesivo simplemente se le requiere que la violación procesal alegada pudiera trascender o perjudicar en el resultado del fallo, más no que directamente haya trascendido al dictado de la sentencia, dado que el adherente obtuvo resolución definitiva favorable a sus intereses.

En mi opinión, la introducción de esta figura en nuestra Ley de Amparo fue oportuna, ya que ha permitido mayor prontitud y expeditez en la impartición de justicia por parte de los Tribunales Federales.

One Comment

  1. Responder
    Un comentarista de WordPress 13 septiembre, 2016

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